La factoría de la empresa siderúrgica de ArcelorMittal en Veriña y en primer término parte del polígono empresarial de Somonte. :: RAFA GONZÁLEZ

Tuvieron que pasar 48 años para que la Justicia diese la razón a los dueños del bar Casa Consuelo. El Tribunal Supremo acaba de reconocer el derecho de los propietarios sobre los terrenos de Somonte expropiados por Ensidesa -antes Uninsa- en 1966 para construir unos altos hornos, un proyecto que no llegó a ejecutarse.

Tras un largo y tedioso periplo por las distintas administraciones y estamentos judiciales, han conseguido lo que llevaban toda una vida esperando: el derecho de reversión de las fincas enajenadas. El problema deriva ahora en que esas parcelas no pertenecen ya Ensidesa -actualmente ArcelorMittal-, sino que fueron transferidas en su día al Ayuntamiento, que a su vez las vendió a particulares para levantar lo que hoy es el polígono empresarial de Somonte. Es decir, los terrenos expropiados en la década de los 60 son propiedad de particulares, por lo que ya no pueden ser devueltos a sus antiguos dueños. Les queda, sin embargo, la satisfacción de saber que los tribunales les dan el espaldarazo final, fallando en contra de una decisión tomada entonces por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En mayo de 1966 la entidad Unión de Siderúrgicas Asturianas (Uninsa) solicitó al Estado la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de una nueva planta en la parroquia de Veriña. Se declaró de forma urgente la ocupación de los terrenos y se desalojó a los vecinos. Sin embargo, la obra nunca se llegó a acometer. 22 años más tarde, en diciembre de 1989, se acordó con el Ayuntamiento de Gijón la creación en esos terrenos del polígono industrial, por lo que convinieron la adquisición amistosa de los bienes afectados por la expropiación en 690.548.489 pesetas.

Fue gracias el empeño del abogado Ignacio García, director del despacho Gersa Servicios Jurídicos, por lo que el caso no cayó en el olvido y 48 años después tiene por fin una resolución. Y lo hizo, según él mismo manifiesta, por todas las lágrimas que vio derramar a sus abuelos, a los que les expropiaron dos parcelas por un proyecto que nunca llegó a ver la luz.

En uno de esos terrenos se ubicaba Casa Consuelo, el popular restaurante regentado por la familia y cuya desaparición forzosa cambió por completo la vida del matrimonio. Su abuela, Ana María García Álvarez, de 91 años, recibió el miércoles «con enorme alegría, pero a la vez un poso de tristeza» el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dándoles la razón. No puede compartir la buena nueva con su marido, fallecido hace años.

El sufrimiento de los abuelos

«Ver el sufrimiento de mis abuelos por tener que abandonar toda una vida me marcó tanto que por eso decidí estudiar Derecho, para intentar ayudarlos», explica el letrado, quien dice por delante que no quiere darse publicidad, «sino que se conozca una injusticia». Acabó su carrera universitaria en 1996 y después de tres años estudiando a fondo la forma en la que se habían ejecutado las expropiaciones, en 1999 presentó ante la Delegación del Gobierno el derecho de ejercitar la reversión de las fincas.

En 2001 reclamaron también en la delegación una indemnización patrimonial, alegando la imposibilidad de reversión material de las parcelas, ya dentro del polígono empresarial. En 2003, el Consejo de Estado concluyó que lo solicitado se debía resolver a través de la reversión de los bienes, y no con un expediente de reclamación patrimonial.

En 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) respalda por primera vez a los propietarios al rechazar el recurso interpuesto por los representantes legales de Ensidesa en contra de la resolución de Delegación del Gobierno de 2006 en la que se autorizaba el derecho de reversión sobre las fincas de la familia García. La siderúrgica alegaba que transcurrido tanto tiempo había caducado el derecho ejercitado, si bien el máximo órgano judicial del Principado señaló que la primera solicitud se había realizado en 1999, dentro del periodo legal para solicitar la devolución de los terrenos.

Hubo que esperar otros tres años para que la sentencia fuese firme, ya que la compañía presentó un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con fecha del 28 de enero de 2014 se emitió la resolución judicial irrevocable. Los magistrados -entre ellos Margarita Robles, quien fuera secretaria de Estado del Ministerio del Interior entre 1994 y 1996- rechazan el escrito contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y condenan a AHV-Ensidesa Capital S. A. al pago de las costas (3.000 euros).

Fallo irrevocable

Con este último y decisivo fallo se pone fin a casi cinco décadas de litigios y trámites en las que, como dato curioso, el abogado del Estado se pronunció a favor de los perjudicados -algo no habitual en este tipo de expropiaciones- y desde el Ayuntamiento de Gijón no se recurrió la decisión adversa para la familia de la Delegación del Gobierno.

No podrán regresar a las que fueron sus tierras, ya que en ellas se levantan ahora naves de empresas, pero les queda la satisfacción de saber que los tribunales han entendido esta vez que David ha podido con Goliat.

La mayoría de los vecinos de aquella zona rural ya no viven para conocer el logro conseguido debido al tesón del nieto de la dueña de Casa Consuelo, el establecimiento que tuvo que cerrar sus puertas para dejar paso a unos altos hornos que no pasaron de ser una idea. Comienza ahora otra guerra, la de la solicitud de una indemnización sustitutiva del derecho de reversión, dado que no es posible ejercitar el derecho concedido.